Cuatro personas con discapacidad protagonizan un vídeo para concienciar sobre la importancia del uso de la mascarilla para frenar los contagios de coronavirus. “No nos des excusas. Si yo puedo hacerlo, si puedo ponerme una mascarilla, tú también”, es el mensaje claro que repiten los protagonistas de esta campaña de Famma, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid.


El Gobierno central impuso el uso de mascarilla obligatoria para salir a la calle desde el 20 de mayo y cuando terminó el estado de alarma, la mayoría de comunidades autónomas continuaron con la medida, al menos si no se puede asegurar los dos metros de distancia interpersonal. Sin embargo, las personas con discapacidad son una de las excepciones de la norma. Por eso, el vídeo de Famma, que ya se ha compartido más de un centenar de veces en Facebook, hace hincapié en que si ellos pueden, el resto de personas también.

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El nuevo consejero de Políticas Sociales de Madrid ha heredado de Alberto Reyero el puesto y también su perfil bajo. Pasadas 48 horas del anuncio del relevo, su cuenta de Twitter seguía en silencio. Sus conocidos dicen que este madrileño de 46 años que hasta el viernes era el número dos de la consejería siente una mezcla de vértigo e ilusión por su nuevo reto. Sabe perfectamente dónde se mete. Gobernará un área con potencial explosivo. Los temas de esta consejería de Ciudadanos (residencias, menores inmigrantes o violencia machista) han sido un continuo foco de conflictos con el PP y Vox, los otros dos partidos que formaron la mayoría para hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso.

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Los afectados aseguran que el hecho de que se exija antigüedad o la superación de algún examen anterior, que no ha existido para personas con diversidad funcional intelectual, supone un cumplimiento meramente formal de la norma pero "un brindis al sol" a la hora de aplicarla. El Síndic ha admitido una queja



Un brindis al sol". Así definen algunos ciudadanos y colectivos en defensa de los derechos de las personas con diversidad psíquica funcional la resolución publicada el pasado 30 de junio por la Conselleria de Justicia de la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial en la que se reserva "el 7% de los puestos ofertados para personas con diversidad funcional" de los cuales "al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sean para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual". Y es que a esa reserva de 5 plazas dentro de las 250 ofertadas sólo pueden acceder quienes demuestren antigüedad en la administración o quienes hayan superado ejercicios en los procesos selectivos previos. Unos procesos que no han existido antes.

Los afectados aseguran que la administración trata de cumplir la ley "de una manera formal" sin preocuparse de su aplicación real ya que no puede pedir un porcentaje de nota en una oposición no convocada. Porque Justicia nunca ha hecho antes un examen específico para personas con diversidad funcional intelectual. Aseguran que la norma general para otros tipos de discapacidad no puede aplicarse porque no es lo mismo superar el examen de este tipo para una persona que le falte un brazo, por ejemplo, que para una persona con algún tipo de diversidad intelectual. Es decir, que necesitan un examen diferenciado.

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